Sin noticias de Erin Brockovich en la Pampa argentina

Beatriz Cruz ata dos bidones de agua a su bicicleta: uno en el canasto, el otro colgando del manubrio. A sus 62 años, nunca imaginó que salir a buscar agua formaría parte de su rutina matutina. Algunas mañanas hace el viaje su hijo. Hoy le toca a ella. Pedaleará unos 800 metros hasta el punto público más cercano, con la esperanza de que allí el agua sea más segura que la que sale de los grifos de su casa. A lo que teme es al arsénico: un metal pesado tóxico e incoloro que durante años brotó de sus grifos sin que ella lo supiera. «No sabíamos que el agua era tan peligrosa», dice Cruz.

Los vecinos de Nueve de Julio ya advertían sobre la presencia de arsénico en el agua a comienzos de la década de 2000. En 2014, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó al Estado garantizar agua potable segura para la localidad, con niveles de arsénico acordes a los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Dos años después, el gobierno provincial y la empresa pública Aguas Bonaerenses construyeron una planta potabilizadora en Nueve de Julio y, en cumplimiento de un acuerdo previo, la conectaron a Ciudad Nueva, donde vive Cruz. Los vecinos esperaban que la planta potabilizadora resolviera el problema. Confiaron en el gobierno y utilizaron el servicio. Cruz cocinó con esa agua, se bañó con ella y la bebió.

Una promesa incumplida

En diciembre de 2024, análisis realizados por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), que se encontraba mapeando la presencia de arsénico en el país, revelaron hallazgos alarmantes. El problema no estaba resuelto. Algunos vecinos seguían consumiendo agua con niveles de arsénico peligrosamente altos: hasta 36 veces por encima del límite establecido por la OMS.

«No pensábamos que los valores fueran a ser tan altos», afirma Adriana Contarini, vicepresidenta de ConCiencia Agroecológica, una ONG que envió muestras de agua al Instituto Tecnológico de Buenos Aires para su análisis. «Es como tener una mina a cielo abierto en medio de la ciudad».

Julia Crespo, quien supervisó la construcción de la planta potabilizadora en 2016 y hoy es concejala, explica que, aunque la obra se terminó y se conectó a Ciudad Nueva, nunca produjo suficiente agua para abastecer a toda la población. Para compensar ese déficit, explica, el municipio mezcló el agua tratada con agua subterránea procedente de Ciudad Nueva. Esa agua subterránea contiene concentraciones elevadas de arsénico y el caudal de la planta no alcanza para diluirlas hasta niveles seguros.

En marzo de 2025, la justicia volvió a ordenar al gobierno que resolviera el problema. Entre otras medidas, exigió al municipio que garantizara el suministro de agua segura a los grupos vulnerables –como los ancianos–, instalara centros de distribución en el barrio, lanzara una campaña pública para advertir sobre el consumo de agua contaminada y ofreciera gratuitamente tanto análisis para detectar este metal como tratamientos médicos.

Metal en el agua

Francisco Ibáñez, responsable de prensa y comunicaciones del municipio, asegura que las autoridades han cumplido con las órdenes judiciales, lo que incluye campañas de concienciación y el suministro de agua de emergencia. También afirma que se ha distribuido agua a los hogares más vulnerables. Señala que existen planes para construir una nueva planta potabilizadora, aunque todavía no está claro cuándo comenzarán las obras.

Para los vecinos, sin embargo, el daño ya está hecho. Las promesas han quedado incumplidas. Las medidas ordenadas por la justicia son solo temporales, lamenta Cruz. El gobierno, sostiene, aún tiene que demostrar un compromiso real y cumplir el acuerdo de garantizar agua potable limpia y segura a los hogares de Ciudad Nueva. A Cruz y a otros residentes les cuesta confiar incluso en el suministro de emergencia. Ahora actúan con cautela. Cada mes, Cruz gasta alrededor de 28.000 pesos argentinos (unos 20 euros) en agua para beber y cocinar, además de pagar la factura del servicio municipal, aunque el agua que llega a su casa esté contaminada. Es un gasto adicional que muchos vecinos de Ciudad Nueva no pueden permitirse.

El arsénico contamina el agua en numerosas regiones del mundo. Los países más afectados se encuentran principalmente en el sur de Asia y en Sudamérica. En Argentina, el problema no es nuevo ni exclusivo de Nueve de Julio. Se estima que al menos cuatro millones de personas viven en zonas donde la concentración de arsénico en el agua –un metal de origen natural– supera los límites recomendados.

Jorge Daniel Stripeikis, profesor del ITBA que dirigió el mapeo, vincula la presencia de este metal en el agua de Nueve de Julio con los orígenes volcánicos de la cordillera de los Andes, el gran sistema montañoso que recorre el oeste del país. Sus erupciones, ocurridas hace millones de años, liberaron arsénico que con el tiempo se depositó en el acuífero Puelche, la principal fuente de abastecimiento de la zona.

Las actividades humanas también podrían contribuir al problema. Un informe toxicológico publicado en 2017 señaló que algunos herbicidas de uso común en Argentina contienen arsénico y podrían representar una fuente adicional de contaminación del agua. Sin embargo, Stripeikis subraya que aún se necesitan más estudios para determinar qué proporción del arsénico procedente de estos agroquímicos llega realmente al acuífero. El consumo prolongado de agua contaminada con arsénico se ha relacionado con lesiones cutáneas y otros problemas de salud, entre ellos el cáncer y la hipertensión.

Sin dinero para un filtro

En 2017, la hija de Cruz comenzó a sufrir hinchazón y costras en los pies. Los médicos le diagnosticaron hidroarsenicismo, una enfermedad provocada por la exposición prolongada a altos niveles de arsénico, y le recomendaron dejar de usar el agua contaminada. Para poder comprar un filtro, Cruz vendió una camioneta. Durante los seis meses siguientes, los niveles de arsénico en el organismo de su hija disminuyeron y las lesiones de la piel desaparecieron. Pero la vida útil del filtro era de apenas tres años. Cruz no pudo permitirse comprar otro.

María Patti, de 65 años, aún no ha acudido al médico, pero cree que la picazón que sufre en los brazos desde hace una década y sus problemas intestinales están relacionados con el arsénico. «He estado tomando esta agua toda la vida», dice. Patti, jubilada y residente en Ciudad Nueva, figura entre las personas que deberían recibir entregas de agua a domicilio por parte del municipio tras el fallo judicial de marzo de 2025. Sin embargo, todavía no ha recibido ninguna.

Tampoco tiene medios para comprar agua ni para cargarla desde los grifos públicos donde el gobierno distribuye agua de emergencia mientras busca una solución permanente. «¿Cómo voy a cargar el agua? Los bidones vacíos no son un problema, pero ¿qué pasa cuando están llenos?», se pregunta, mientras pasa los dedos por una lesión en la piel, intentando no rascarse.