El dividendo demográfico que nadie quiere pagar

A la juventud africana se la ha llamado tantas veces «el mayor activo del continente» que la afirmación ha perdido fuerza. Los activos existen para invertir en ellos. La verdadera pregunta es quién se beneficia de mantener ese dividendo sin pagar.

África es joven: se prevé que su población juvenil aumente en 132 millones solo en esta década. Pero la escala demográfica no es un destino. El perfil juvenil de un continente no constituye una estrategia, e invocarlo como si lo fuera se ha convertido en una forma de eludir la pregunta más difícil: ¿por qué se han retenido de manera tan sistemática las inversiones políticas, institucionales y económicas necesarias para convertir esa demografía en prosperidad compartida?

La respuesta no es técnica. Es política. Tal y como están organizadas hoy, las economías africanas no generan suficiente trabajo productivo y digno para sus jóvenes. Y eso constituye una crisis de acumulación. Quienes soportan de forma más aguda el coste de esa crisis han sido sistemáticamente excluidos de los espacios políticos donde podría priorizarse y abordarse. Estos dos fracasos no avanzan en paralelo; se alimentan mutuamente.

La generación que se plantó

La generación Z ha dicho basta. En Kenia, los jóvenes asaltaron el Parlamento por un proyecto de ley de finanzas que imponía nuevos impuestos sobre bienes de primera necesidad, apenas un año después de que un gravamen a la vivienda hubiera asfixiado aún más la economía doméstica. La indignación iba mucho más allá de aquella ley derrotada: aunque William Ruto llegó al poder con una plataforma favorable a los trabajadores informales, muchos jóvenes se sintieron traicionados por un gobierno que había prometido alivio económico y respondió con represión cuando se enfrentó a la disidencia.

Patrones similares aparecen en Madagascar, donde las protestas juveniles de 2025 contra los apagones crónicos escalaron hasta exigir un cambio político y el fin de la corrupción, en un contexto desolador: aproximadamente el 75% de la población vive por debajo del umbral de pobreza. Todo ello deja al descubierto una economía incapaz de absorber a sus jóvenes formados en empleos significativos.

Lo mismo ocurre en Marruecos, donde las demandas juveniles de reformas sanitarias y educativas se desarrollan sobre el telón de fondo de una flagrante mala asignación de las prioridades gubernamentales. En medio de un desempleo juvenil disparado y de una exclusión persistente, las inversiones en grandes infraestructuras a costa de unos servicios sociales en ruinas plantean una pregunta elemental: «Los estadios están listos, pero ¿dónde están los hospitales?».

Estos movimientos no son alteraciones aisladas, sino parte de un guion continental de exclusión y frustración, arraigado en la persistente infantilización de los jóvenes como actores políticos. El poder y la toma de decisiones siguen concentrados en las generaciones mayores, un rasgo persistente de la gobernanza poscolonial. Esto ha alimentado la apatía política y ha afianzado una cultura que margina las voces jóvenes.

Esa exclusión también es estructural. Pese a las promesas de erradicar la marginación juvenil, sigue faltando un seguimiento institucional creíble. Así, aunque los marcos continentales contienen una promesa real como hoja de ruta para el progreso, la ratificación y la implementación se han estancado. No es un fracaso técnico, sino político.

El precio de la corrupción

Además, se calcula que África pierde unos 90.000 millones de dólares anuales por flujos financieros ilícitos: recursos que podrían financiar las escuelas, infraestructuras e instituciones que reclaman los jóvenes. Más allá de la pérdida fiscal, la corrupción afianza la impunidad, alimenta el nepotismo y erosiona la confianza entre la juventud y sus gobiernos. Las economías y las instituciones no pueden funcionar mientras marginan a su grupo demográfico más numeroso.

Ignorar estos patrones debilita marcos como la Zona de Libre Comercio Continental Africana (ZLECAf), que dependen de instituciones funcionales y creíbles. Allí donde estas se vacían de contenido, los beneficios de la liberalización no llegan a materializarse.

La economía informal de África es inmensa: sustenta a casi el 70% de los hogares y es el principal medio de vida para la gran mayoría de los trabajadores jóvenes del continente. Por un lado, resulta fácil interpretar esto como simple precariedad, y en parte lo es: las empresas de este sector no suelen estar registradas, reciben muy poco apoyo gubernamental y, a veces, incluso son tratadas como ilegales, sobre todo cuando implican comercio transfronterizo.

Además, la economía informal se caracteriza por el alto riesgo económico, la inestabilidad y la falta de protecciones legales o sociales. Un abrumador 90% de los jóvenes africanos con empleo trabaja en el sector informal, y el 34% vive en la pobreza extrema pese a tener trabajo. Trabajar, en otras palabras, no garantiza una vía de escape de la pobreza.

Aun así, la informalidad es una característica estructural del modo en que están organizadas hoy las economías africanas. Dentro de ese sistema, los jóvenes demuestran una verdadera capacidad de acción: aprovechan oportunidades limitadas en el trabajo autónomo, los encargos digitales, la investigación, la atención al cliente o la creación de contenidos. El problema no es la falta de ingenio de la juventud; es la falsa creencia de los gobiernos de que ese ingenio justifica su desentendimiento.

En lugar de afrontar esas brechas estructurales, la respuesta política habitual ha sido trasladar el problema a los propios jóvenes. Se parte de la premisa de que, con suficiente formación, mentoría y acceso a microcréditos, ellos crearán sus propias oportunidades. Lo que esta suposición omite discretamente es la crónica falta de apoyo institucional a las pymes, un entorno crediticio hostil y una aritmética elemental: el autoempleo no puede sustituir a una economía incapaz de producir suficientes empleos dignos.

Trabajar y seguir siendo pobre

A pesar de ello, presentar la expansión del empleo formal como única puerta de entrada a una economía con trabajo decente ha permitido que una crisis más silenciosa, e igual de perjudicial, pase casi desapercibida. El problema del empleo juvenil en África no es solo el desempleo, sino también el subempleo. El desempleo acapara los titulares, pero el subempleo –millones de jóvenes que trabajan sin seguridad, sin horarios suficientes y sin ingresos dignos– es igual de corrosivo y recibe una atención política mínima.

En términos más generales, las economías debilitadas por la corrupción y el trabajo precario no se vuelven más equitativas cuando se abren las fronteras: quedan más expuestas. El Protocolo sobre Mujeres y Jóvenes en el Comercio de la ZLECAf, adoptado en 2024, contiene una promesa real: un marco continental con potencial para abrir mercados, generar empleo y llevar a jóvenes y mujeres desde los márgenes del comercio hacia su centro.

En teoría, los mercados abiertos y una integración más profunda en el comercio mundial deberían generar una actividad económica capaz de atraer a millones de jóvenes africanos hacia el empleo productivo. Sin embargo, las exportaciones de África siguen concentradas de forma abrumadora en las materias primas, y los beneficios de la apertura comercial no llegan ni a los trabajadores ni al conjunto de la economía. Sin valor añadido, industrias competitivas y profundidad de mercado, la liberalización puede obstaculizar el empleo juvenil en lugar de fomentarlo.

La reforma debe empezar tanto en el plano político como en el económico: ambos son inseparables. Abordar la exclusión juvenil significa que los jóvenes deben tener una representación genuina en la implementación de la ZLECAf y en los organismos continentales, no una mera inclusión simbólica. Un posible paso sería establecer cuotas continentales de participación juvenil e implementar mecanismos de recopilación de datos para hacer un seguimiento de las prioridades políticas, garantizando así avances cuantificables en el Protocolo sobre Mujeres y Jóvenes.

Con todo, la inclusión política significa poco sin reforma económica. Aunque el continente ha logrado avances importantes en inclusión financiera gracias a innovaciones propias como el dinero móvil, las persistentes brechas de género e ingresos revelan la necesidad de reestructurar los sistemas para incluir a las pymes, los trabajadores informales y los jóvenes sin acceso al crédito.

África necesita una estrategia industrial a largo plazo orientada a la creación de empleo formal; una estrategia que invierta en vías educativas conectadas con los mercados laborales e identifique oportunidades para los jóvenes a lo largo de las cadenas de valor. Con demasiada frecuencia, el continente ha empujado a sus jóvenes hacia empleos precarios en el extranjero, en lugar de invertir en ellos en casa. Eso no puede continuar. Si la juventud es verdaderamente el mayor activo de África, la inversión debe estar a la altura del discurso.

La deuda pendiente

Las protestas que han sacudido el continente no son una fase, sino una condena a los gobiernos que han apelado durante años al potencial de los jóvenes sin llegar a materializarlo. En esos movimientos hubo jóvenes que perdieron la vida, y esas muertes no pueden tratarse como el precio aceptable de la inercia institucional.

Al mismo tiempo, los jóvenes africanos no se quedan de brazos cruzados esperando a que alguien invierta en ellos. En los mercados informales, en los espacios digitales o en las calles, constituyen un electorado legítimo, activo y preciso en sus reivindicaciones. La pregunta ya no es si la juventud africana está preparada, sino si lo están sus gobiernos.

La tarea está clara: reestructurar los modelos económicos que han mantenido a los jóvenes en la precariedad y redistribuir el poder político que los ha mantenido silenciados. Ambas prioridades son inseparables y exigen una decisión deliberada por parte de los Estados y las instituciones que las han postergado. El dividendo demográfico se ha prometido durante demasiado tiempo. Es hora de saldar la deuda.