El juicio por el Nord Stream: una «tragedia ucraniana» en varios actos

«Pocas veces un proceso nacional ha tenido tanta carga explosiva internacional», escribe la televisión pública suiza SRF sobre el juicio que comenzó el 14 de octubre ante el Tribunal Superior de Hamburgo. En el banquillo se sienta Serhí Kuznietsov, exoficial del Ejército ucraniano, a quien la Fiscalía Federal alemana acusa de haber coordinado la voladura de los gasoductos Nord Stream en septiembre de 2022, en el mar Báltico, frente a la isla danesa de Bornholm.

El cargo principal es el ataque contra bienes civiles, tipificado como crimen de guerra. Pero lo más explosivo está en el escrito de acusación: según la Fiscalía, el sabotaje se organizó «por encargo de organismos estatales de Ucrania». Si se demostrara que Kiev ordenó destruir una infraestructura energética estratégica, las consecuencias políticas podrían ser mucho mayores que las judiciales.

Los gasoductos, controlados por la empresa estatal rusa Gazprom, se construyeron para transportar gas ruso a Alemania y al resto de Europa. Eran el símbolo de una relación económica que durante décadas vinculó estrechamente a Berlín con Moscú. Nord Stream 1 entró en servicio en 2011. Nord Stream 2 se completó diez años después, pero nunca llegó a funcionar a causa de la invasión rusa de Ucrania.

«La crítica a Ucrania es en gran medida un tabú en Berlín», opina el diario suizo Neue Zürcher Zeitung. El Ostdeutsche Allgemeine recuerda que el Gobierno alemán ni siquiera mencionó el sabotaje durante su última visita a Kiev. Pero el juicio podría romper ese silencio. Alemania, el principal sostén europeo de Ucrania y uno de sus mayores proveedores de ayuda militar, se enfrenta a una pregunta incómoda: ¿qué ocurriría si se demostrara que está armando al país que destruyó una infraestructura energética estratégica?

¿Un crimen de guerra o un objetivo legítimo?

Se da la paradoja de que el primer acusado de crímenes de guerra juzgado en Alemania en relación con este conflicto es ucraniano, subraya el diario Tageszeitung. La Fiscalía considera que los gasoductos eran bienes civiles y que su destrucción constituye un crimen de guerra. La defensa sostiene exactamente lo contrario. Según el medio de investigación Correctiv, el abogado italiano de Kuznietsov, Nicola Canestrini, sostiene que los gasoductos eran «un arma de Rusia» y, por tanto, un objetivo militar legítimo.

Si el tribunal aceptara esta interpretación, el acusado podría beneficiarse de la inmunidad del combatiente, ya que el derecho de la guerra no castiga, en principio, a los soldados que atacan objetivos militares legítimos siguiendo órdenes de su Estado.

Kuznietsov fue detenido en Italia en virtud de una orden europea de detención. Su defensa cuestiona también la legalidad de la extradición: Italia lo entregó por sabotaje, pero Alemania lo juzga por un crimen de guerra. «Italia confió en Alemania y Alemania abusó de esa confianza», ha denunciado Canestrini.

Los abogados han solicitado además el sobreseimiento de la causa porque Kiev no autoriza al exoficial a declarar, lo que, según la defensa, le impide ejercer plenamente sus derechos procesales, explica el Tageszeitung. Tanto la acusación como esta línea de defensa parten de la hipótesis de que la operación respondió a órdenes del Estado ucraniano. Kiev, sin embargo, niega cualquier implicación.

Un regalo para la extrema derecha

El juicio llega en un momento especialmente delicado para el Gobierno alemán. El partido de ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD), que encabeza las encuestas con un discurso abiertamente contrario a prolongar la ayuda militar y financiera a Ucrania, ha encontrado en el proceso un nuevo argumento contra Kiev. Cualquier prueba de implicación ucraniana «reforzaría la argumentación de la AfD contra el apoyo a Ucrania», advierte en Radio Free Europe Stefan Meister, investigador del Consejo Alemán de Relaciones Exteriores.

La AfD no ha esperado al veredicto. El mismo día en que comenzó el juicio, presentó en el Parlamento de Sajonia-Anhalt una moción para poner fin al apoyo a Ucrania. Su colíder, Alice Weidel, sostuvo la semana pasada en una entrevista con The Economist que «Ucrania ya ha perdido esta guerra». Cuando le preguntaron por la amenaza rusa, desvió la conversación hacia la presunta responsabilidad ucraniana en la destrucción de Nord Stream.

El partido ultraderechista defiende recuperar las relaciones comerciales con Moscú, incluida la compra de gas ruso. Esta posición choca con la del resto de los grandes partidos alemanes, contrarios a reanudar las importaciones. De hecho, el Gobierno de Friedrich Merz respaldó en 2025 las sanciones europeas que impiden reactivar los gasoductos dañados.

Ucrania se queda sin retaguardia

Para Kiev, la posibilidad de perder el apoyo alemán resulta especialmente preocupante. Ucrania ve debilitarse el respaldo de sus aliados mientras afronta la perspectiva de un quinto invierno de ataques rusos contra su infraestructura energética.

El 9 de octubre, Donald Trump alcanzó un acuerdo con Vladímir Putin para permitir la exportación de diésel ruso, suspendiendo hasta abril de 2027 las sanciones estadounidenses que la impedían. El objetivo declarado era abaratar los combustibles antes de las elecciones de mitad de mandato. Volodímir Zelenski calificó la decisión de «ni justa ni honesta» y la comparó con «un regalo de cumpleaños para Putin». Al día siguiente, Trump arremetió contra el presidente ucraniano y sugirió que su país buscara «un nuevo líder capaz de cerrar un acuerdo».

Es una nueva vuelta de tuerca en una relación cada vez más difícil. Estados Unidos ha interrumpido la ayuda militar directa a Kiev y ha puesto en duda la continuidad del intercambio de información de inteligencia, fundamental para anticipar los ataques rusos. A mediados de octubre, Ucrania denunció que había dejado de recibir avisos sobre la llegada de misiles balísticos. También se han impuesto restricciones a Starlink y Starshield, los sistemas de comunicaciones por satélite de SpaceX de los que dependen numerosas operaciones militares ucranianas, especialmente las realizadas con drones.

Según una investigación de Reuters, la orden de limitar Starshield procedió de la propia Casa Blanca. Aunque parte del servicio se restableció posteriormente, las restricciones han aumentado la preocupación del Gobierno ucraniano por su dependencia de la tecnología estadounidense. «El acuerdo sobre el diésel demuestra que la política de Washington hacia Rusia está ahora dictada por los precios en las gasolineras antes de las elecciones de noviembre, y no por una estrategia transatlántica compartida», advierte Matthias Matthijs, investigador del Consejo de Relaciones Exteriores estadounidense.

A este panorama se suma la posibilidad de un cambio político en Francia, donde Reagrupamiento Nacional, el partido de Marine Le Pen, encabeza las encuestas de cara a las elecciones presidenciales de abril y mayo de 2027. Aunque Le Pen ha mantenido una posición más ambigua que su homóloga alemana respecto a Rusia, su partido ha endurecido su oposición a la ayuda francesa a Ucrania. El 8 de septiembre, Le Monde informó de que Reagrupamiento Nacional había propuesto poner fin a las ayudas francesas a Kiev, alegando la necesidad de reducir el déficit público.

Así, el juicio de Hamburgo añade una nueva amenaza a una situación ya de por sí muy delicada para Ucrania. Con Washington cada vez más distante y la extrema derecha ganando terreno en Alemania y Francia, Kiev podría perder a uno de sus aliados más importantes justo cuando más lo necesita. Un escenario que resume toda la «tragedia ucraniana», concluye la cadena SRF.