El inesperado giro de Bukele a cuatro meses de las elecciones

El martes, Nayib Bukele convocó una rueda de prensa poco habitual: los periodistas pudieron formular preguntas sin que su oficina de comunicaciones las hubiera filtrado previamente, «algo que no ocurría desde hacía meses», explica el digital salvadoreño El Faro. El presidente aprovechó la ocasión para anunciar un posible giro en su política de mano dura: su Gobierno estudia conceder la libertad condicional a cerca de la mitad de los presos capturados durante el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022.

«Tenemos un plan que beneficiaría más o menos a un 50% de los presos que hay en El Salvador», anunció. No se trataría de una absolución. Según Bukele, todos los reclusos son culpables, pero eso no impide «liberarlos condicionalmente» y someterlos a vigilancia, recoge el diario colombiano El Tiempo.

La quimioterapia de Bukele

Por primera vez, el presidente parece dispuesto a reconocer distintos grados de responsabilidad entre los detenidos. «Venimos de un país donde la violencia era parte del día a día y las pandillas eran el verdadero gobierno», argumentó. Por eso, añadió, «no es lo mismo formar parte de quienes lo aplicaban que simplemente sobrevivir a esa realidad».

Sin embargo, no habrá cambios en el régimen de excepción. Para justificar su continuidad, Bukele recurrió a una metáfora médica: el régimen es como una «quimioterapia» contra el «cáncer metastásico» de las pandillas, que ahora estaría «en remisión». Pero suspender el tratamiento antes de tiempo sería peligroso: «Si nosotros retiramos la quimioterapia, el cáncer va a regresar», advirtió.

El anuncio plantea una pregunta fundamental: ¿quién determinará qué presos pueden recuperar la libertad? Como señala El Faro, Bukele no mencionó en ningún momento al Órgano Judicial ni a la Fiscalía General como responsables de revisar los expedientes. Todo apunta a que el proceso estará dirigido desde la propia Presidencia.

La cuestión resulta especialmente delicada después de que, en abril, Ibrajim Bukele, hermano y asesor del mandatario, afirmara que él y otros funcionarios, junto con la primera dama, «formaban parte de una comisión extralegal encargada de decidir qué detenidos podían salir de prisión», recuerda Infobae.

Por otro lado, Bukele habla ahora de excarcelar a quienes simplemente «colaboraron» con las pandillas, pero, subraya El Faro, la mayoría de los detenidos durante el régimen de excepción fueron acusados de «pertenencia a agrupaciones ilícitas», un delito distinto. Como los expedientes judiciales permanecen bajo reserva, «resulta imposible verificar de forma independiente qué cargos pesan sobre cada preso».

92.000 detenidos y miles de dudas

La ofensiva de Bukele ha coincidido con una caída espectacular de la violencia. El Salvador, que en 2015 registraba una tasa de 107,64 homicidios por cada 100.000 habitantes, cerró 2025 con apenas 1,3, según los datos oficiales.

Pero ese éxito ha tenido un elevado coste para los derechos fundamentales. El régimen de excepción, que permite detener a sospechosos sin las garantías judiciales ordinarias, ha llevado a prisión a cerca de 92.000 personas. Juanita Goebertus, directora regional de Human Rights Watch, denuncia ante Bloomberg que las cuotas de detenciones impuestas a la policía «obligaban a este cuerpo a detener personas que en realidad no tenían ninguna vinculación con pandillas». Entre los arrestados figuran unos 3.000 menores de edad.

A ello se añade el problema de los llamados megajuicios. La Fiscalía ha agrupado a miles de acusados en procesos colectivos que, según denuncian las organizaciones de derechos humanos, impiden examinar adecuadamente la responsabilidad individual. «Al menos unas 5.000 personas han sido sometidas a estos procedimientos», explica una abogada citada por el digital GatoEncerrado.

Bukele rechaza que su Gobierno mantenga entre rejas a personas inocentes. «No tenemos ninguna intención de tener ninguna persona que no sea culpable en la cárcel», aseguró. Incluso admitió que le gustaría poner fin al régimen de excepción: «A mí me encantaría quitarlo y lo vamos a hacer en algún momento, por supuesto». Pero, más de cuatro años después de su instauración, ese momento sigue sin fecha.

Mientras tanto, el líder salvadoreño encara las elecciones de febrero con unos índices de popularidad extraordinarios. Según una encuesta de CID Gallup realizada en septiembre y recogida por el diario salvadoreño El Mundo, el 92% de los encuestados aprueba su gestión y el 87% respalda la continuidad del régimen de excepción. Bukele aspira a un tercer mandato consecutivo gracias a una controvertida reforma constitucional aprobada en 2025 que eliminó los límites a la reelección presidencial.