En Polonia, el «golpe de Estado» de quienes quieren restablecer la ley

En el Tribunal Constitucional de Polonia se viven escenas dramáticas, en medio de una oleada de especulaciones sobre si el Gobierno del primer ministro Donald Tusk y los magistrados del tribunal elegidos por la mayoría parlamentaria liberal están actuando conforme a la ley. Muchos se preguntarán si los demócratas deben quebrantar la ley para restablecer las instituciones saboteadas por los populistas autoritarios. En el caso polaco, sin embargo, la pregunta está mal planteada.

Desde el punto de vista jurídico, el asunto es claro y avala la actuación de Tusk. Hace once años, el partido derechista Ley y Justicia (PiS) incorporó ilegalmente a tres magistrados al Tribunal Constitucional. Dos años después, aprobó una ley que acortaba de forma ilegal los mandatos de los miembros del Consejo Nacional del Poder Judicial, el órgano constitucional encargado de proponer los nombramientos de jueces para todos los tribunales del país, salvo el Constitucional. Los sustituyó por personas designadas por el PiS, con lo que creó un órgano sometido al control político y ajeno al marco constitucional polaco.