El laboratorio del envejecimiento europeo está en Asia

A la hora del baño, Sayuki Matsumoto, de 89 años, preferiría que la atendiera una japonesa. «Los extranjeros me echan agua caliente por la cabeza; no me lavan con la delicadeza de las japonesas», se queja en la residencia de la prefectura de Nara donde vive, en el centro de Japón. Su vecino, un antiguo fundidor de hierro, suelta una carcajada: «¡Si las japonesas no quieren hacer este trabajo! Deberíamos estar contentos de que vengan extranjeros a cuidarnos». La escena, recogida por el diario neerlandés De Volkskrant, resume a la perfección la contradicción en la que se encuentra el país.

Un país en caída demográfica libre

Ningún país del mundo envejece tan deprisa. Más del 30% de los japoneses supera los 60 años y la natalidad se hunde: la tasa de fecundidad cayó el año pasado a 1,14, la más baja en una década, cuando harían falta 2,1 hijos por mujer para mantener estable la población. Según las cifras oficiales, el país pierde ya unas 900.000 personas al año y se acerca al millón. «La población japonesa ha caído por debajo de los 120 millones por primera vez en 42 años», recordaba en agosto el diario económico Nikkei.

Uno de los primeros sectores en sufrir las consecuencias ha sido el de los cuidados, donde el trabajo es físicamente duro y los horarios, ingratos. Los jóvenes japoneses no quieren hacerlo y el vacío lo llenan los extranjeros. En la residencia de Murouen, una aldea forestal despoblada donde «solo se oye el río y el crujir de los bambúes», la mitad de los cuarenta cuidadores no es japonesa. «Sobrevivimos solo gracias a nuestros trabajadores extranjeros», explica su director, Toshikazu Nakano.

El sector emplea ya a unos 90.000 extranjeros y aún le faltan cerca de 250.000, calcula Foreign Policy. Y ese déficit rondará los 570.000 cuidadores en 2040, añade Yomiuri Shimbun, el diario más leído del país. «Sin ellos, muchos centros ya habrían cerrado», resume Reiko Ogawa, investigadora de la Universidad de Chiba.

La política contra la realidad

Pese a esta falta de mano de obra, el Gobierno rema en dirección contraria. La primera ministra, Sanae Takaichi, ha desplegado un endurecimiento migratorio en toda regla. A partir de octubre, la tasa para obtener la residencia permanente se multiplicará por veinte, hasta unos 200.000 yenes –unos 1.100 euros–, y se exigirá al solicitante que ingrese «más que el hogar japonés medio», recoge CNN. Además, la naturalización pasa a requerir diez años de residencia en vez de cinco y se duplican las deportaciones con escolta. Ese umbral deja fuera de la residencia permanente a «casi todos» los cuidadores, camareros o agricultores extranjeros. «Si esto sigue así, puede que vuelva a mi país… aunque esté casado con una japonesa», confiesa un residente a The Japan Times.

El Gobierno ha presentado las medidas como una necesidad para garantizar una «coexistencia ordenada» y construir «una sociedad en la que japoneses y extranjeros se sientan seguros», en palabras del portavoz gubernamental Minoru Kihara. Pero para el analista Toshihiro Menju, la política «choca de frente con la realidad. Genera tantas contradicciones que confunde al público». Menju estima que Japón necesitará sumar diez millones de extranjeros esta década tan solo para amortiguar la caída de su población activa.

La crítica no llega solo de los académicos. En un editorial titulado «Que el endurecimiento de la residencia permanente no mine las ganas de arraigo de los extranjeros», Nikkei, voz del empresariado japonés, advertía: «Preocupa que se desanime a los extranjeros que quieren trabajar mucho tiempo en Japón». Tokyo Shimbun fue más lejos y calificó la reforma de «torpeza que convierte a Japón en un país que nadie elige». El fondo del problema, apunta el periódico, es que Japón abre la puerta a los trabajadores temporales pero se la cierra al arraigo permanente. Así mantiene la ficción de un país «sin política de inmigración» y se arriesga a crear una sociedad «de ricos y pobres» dividida por nacionalidad.

El espejo europeo

¿Por qué endurecer entonces la inmigración? Por una razón que resultará familiar a cualquier europeo, apunta De Volkskrant. El verano pasado, el partido de ultraderecha Sanseito irrumpió con catorce escaños en la Cámara Alta agitando el miedo a una «invasión silenciosa» de chinos y musulmanes. Takaichi reaccionó como tantos líderes de partidos de centro europeos ante el auge de la extrema derecha: prometió «controlar» la migración para evitar que sus votantes se le escaparan. Una encuesta de 2025 confirma el cambio de clima: el 59% de los japoneses –y el 71% de los menores de 40 años– rechaza ya acoger activamente a trabajadores extranjeros.

El resultado es la contradicción que Japón comparte hoy con buena parte de un Occidente rico y envejecido, subraya Foreign Policy: «se necesita mano de obra extranjera y, a la vez, se la ahuyenta». Siti Rofiah, cuidadora indonesia y musulmana, rezaba en una sala habilitada de su residencia. Durante la fiesta del fin del Ramadán, un grupo de japoneses le pidió que se marchara de allí. Amaba Japón, pero «el ambiente hacia los musulmanes cambió». Ha decidido volver a Indonesia, en parte porque renovar los papeles «se ha vuelto terriblemente complicado», relata De Volkskrant.

También está Hieu, vietnamita del delta del Mekong, que lleva diez años en el valle de Murouen, habla un japonés impecable y hasta se ha unido a la asociación vecinal que mantiene limpio el pueblo. «No quiero irme nunca de aquí», dice. Es justo la clase de arraigo que Japón necesita y que la nueva política japonesa hace «cada vez más difícil», destaca el medio. Como se pregunta la investigadora Ogawa: «¿Es que no entienden que sin extranjeros no hay cuidados?».